Territorios ocupados
En la actualidad, Marruecos ocupa unos dos tercios del territorio. No hay cifras fiables sobre población. Según el censo marroquí de 2014, en el conjunto del territorio vivirían unos 500.000 civiles y 180.000 militares. En todo caso, hay dos cosas claras: Primera, la inmensa mayoría de los habitantes de las zonas ocupadas no son originarias del Sahara Occidental: colonos, policías y personal de administración venidos de Marruecos en diversas oleadas desde la Marcha Verde con el doble objetivo de modificar el componente étnico original y de poder influir en un futuro referéndum de autodeterminación. Distintas fuentes calculan en 1 a 5 la proporción actual entre población saharaui y marroquí. La segunda cuestión es el rápido crecimiento poblacional del territorio.
El censo español de 1975 afirmaba que en el territorio vivían unos 74000 saharauis y cerca de 20000 extranjeros. En 2004 el mismo censo oficial marroquí admitía un 40% menos de población. Como ejemplo, la capital, El Aaiún, tiene, siempre según el censo oficial marroquí, 217 732 habitantes frente a los 179542 de 2004 o los 30000 del censo español en 1975. La población se asienta en las principales ciudades, El Aaiún (capital), Dajla, Bojador, Ausserd, Smara, (la ciudad santa fundada antes de la colonización) y el nomadeo tradicional ha desaparecido prácticamente debido a los controles militares y al peligro de las minas.
Estas zonas ocupadas por Marruecos se sitúan al oeste del muro defensivo que divide el territorio de norte a sur. El muro es el resto más notorio de la guerra de liberación nacional que libró el Frente Popular de Liberación de la Saguia el Hamra y el Río de Oro (Frente POLISARIO) desde su fundación en 1973, primero contra la ocupación española y luego contra Mauritania y Marruecos. Se extiende a lo largo de más de 2.500 km y fue construido con la ayuda de Israel, EEUU y Arabia Saudí entre 1981 y 1986 para contener las incursiones del ejército saharaui contra las posiciones militares marroquíes y los principales recursos, como las minas de fosfatos en Bu-Craa o la pesca. Además del ingente despliegue de equipamiento logístico y tecnológico militar que encierra, se calcula que en su entorno hay sembradas cerca 7.000.000 de minas.
La vida en los territorios ocupados está marcada por la ocupación militar y el régimen de terror
y discriminación étnica a los que está sometida la población autóctona. Desde la ocupación por Marruecos hasta el momento actual, las violaciones de derechos abarcan todas las categorías imaginables: Bombardeos (publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/331) contra población civil, asesinatos (publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/297) , torturas, desapariciones forzadas (publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/339), detenciones ilegales, juicios sumarios… (publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/284). Todo ello con la impunidad que otorga el bloqueo militar y mediático del territorio. Las investigaciones independientes o las simples visitas de observación y de los medios de comunicación independientes son sistemáticamente impedidas o reprimidas, incluyendo las de instituciones u organizaciones internacionales como el Parlamento Europeo o Human Rights Watch.
Por otra parte, la mayoría de los recursos naturales y económicos también se sitúan en los territorios ocupados por Marruecos con lo que su explotación (Western Sahara Research Whatch)
y beneficio queda en manos de unas pocas empresas y personas estrechamente ligadas al círculo más al rey. Para ello resulta imprescindible la colaboración de grandes corporaciones transnacionales como Total, BASF, San Leon Energy y otras ligadas a la minería, la pesca, la agricultura o el transporte y la inestimable colaboración de los estados e instituciones extranjeros, en particular de España, Francia y la Unión Europea, cuyos acuerdos comerciales y políticos con Marruecos incluyen, de forma ilegal, los bienes y recursos saharauis.
La población saharaui ha conseguido resistir en medio de esta terrible situación gracias a lazos de solidaridad y ayuda mutua, inicialmente clandestinos pero que, a partir de los años 90, dio lugar a la creación de asociaciones y grupos de defensa de los derechos humanos. Algunas de las más importantes son CODESA, ASVDH, o CODAPSO, entre cuyos dirigentes figuran personalidades como Aminetu Haidar, Galia Djimi, Brahim Sabbar o Hamad Hmad.. Estas asociaciones y los grupos que se ocupan de temas concretos como la defensa de las personas trabajadoras, la juventud, los recursos naturales o las mujeres, mantienen una gran actividad para dar a conocer la gravedad de la situación y han contribuido a romper la imposibilidad de la protesta pública que la represión impuso durante muchos años. Así, desde 2005, fecha en la que la resistencia saharaui lanza la intifada de la independencia, las muestras públicas de rechazo y protesta por la ocupación y sus consecuencias se han hecho cotidianas en las calles de las ciudades saharauis. Con ello también una nueva oleada de represión, detenciones, torturas…
La intifada de la independencia ha resultado ser un modelo de resistencia civil pacífica, cuyo mayor exponente es el campamento de la dignidad, una concentración de jaimas de jaimas en el paraje de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún que reunió a más de 20000 personas desde el 10 de octubre hasta que fue desmantelado a sangre y fuego el 8 de noviembre de 2010 y que para algunos analistas internacionales, como Noam Chomsky, puede considerarse el precedente inmediato de la llamada primavera árabe.
Los acontecimientos de Gdeim Izik marcan un cierto giro en la lucha de resistencia saharaui, con un mayor protagonismo de la juventud, del activismo, de los medios de comunicación y de las redes sociales para intentar romper el bloqueo informativo y extender la causa saharaui, aunque sin renunciar a su carácter civil y pacífico. (Equipe Media) o activistas como Hassana Aalia pueden ser representativos de esta corriente.
