Sahara Occidental: de memoria y aniversarios


Publicamos, por su interés, esta reflexión de nuestro socio y anterior presidente Jesus L. Garay:

Cuarenta y tres años no es una de esas cifras redondas que sirven para recordar con cierto alarde de medios algún aniversario. Pero, en el caso que pretendo comentar, los aniversarios con números redondos han pasado sin mayor interés para la mayoría de los medios y, por supuesto, para responsables políticos e institucionales, por lo que me arriesgo a intentar recordar que este 14 de noviembre se cumplirán 43 años de la entrega por España al Reino de Marruecos del territorio del Sahara Occidental.

La cesión de soberanía, a pesar de su enorme transcendencia para las personas y los bienes del territorio, carecía – y carece – de cualquier legitimidad y es absolutamente nulo frente a las leyes internacionales y estatales, tanto actuales como de entonces.

España pretendía con ello desentenderse de sus responsabilidades respecto a la población saharaui pero manteniendo los beneficios de la explotación de los recursos naturales, como fosfatos, la arena o la pesca, a través de acuerdos económicos y comerciales con la dictadura marroquí de Hassan II.

Los llamados Acuerdos Tripartitos de noviembre de 1975 obedecían a la lógica totalitaria de los regímenes de España y Marruecos y al contexto internacional de guerra fría en el que el valor supremo consistía en defender a Occidente de las amenazas de expansión socialista, aun a costa de las libertades, los Derechos Humanos o el bienestar de la ciudadanía valores que, por otro lado, se proclamaban como estandartes del capitalismo frente al enemigo comunista.

Lo que resulta inconcebible es que a estas alturas del siglo un país supuestamente democrático y avanzado como España pretenda no solo eludir sus obligaciones, sino ocultar la realidad a la ciudadanía.

A pesar de ello, quienes bucean a diario en los medios y las redes están recibiendo una cantidad poco usual de noticias relacionadas con el Sahara Occidental: la renovación por 6 meses del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (que lleva 27 años de retraso); la próxima votación en el Parlamento Europeo de la propuesta de la Comisión para ampliar el acuerdo pesquero con Marruecos a las aguas territoriales del Sahara Occidental (en contra de las resoluciones firmes del Tribunal Superior de Justicia Europeo), el posible reinicio de conversaciones directas entre el Frente Polisario y Marruecos a comienzos de diciembre y, en fin, una serie de declaraciones de parlamentarios y representantes del Gobierno Español renegando de sus obligaciones en el tema y reafirmando su amistad y cercanía con el régimen marroquí. Todo ello, unido al creciente descrédito de la monarquía marroquí y otras circunstancias, como las demandas del F. Polisario contra empresas que operan en el Sahara Occidental, han reactivado la cuestión saharaui a nivel europeo. Aunque, para este asunto, como en época de Franco, Europa sigue comenzando en los Pirineos.

El reciente aniversario de la constitución de 1978 ha reabierto ciertos debates sobre los pactos explícitos y tácitos que encierra el texto fundacional de nuestro sistema actual: el régimen monárquico heredado del franquismo, la impunidad de los crímenes y criminales del régimen anterior, la indivisibilidad territorial… pero casi nada se ha dicho de la última colonia española en África. De cómo los gobiernos españoles de la transición y de la democracia son responsables ante la ley y ante la historia del exilio, la guerra, las hambrunas, las torturas y desapariciones de miles de saharauis, o de los millones de euros de beneficios ilegales por la explotación de fosfatos, pesca, arena…

Sí, soy consciente de que es un tema tan conocido como olvidado. Puede que recordarlo no sirva de nada, pero espero el día en que los nombres de las víctimas y los verdugos y las cifras del expolio pongan voz al grito silenciado de verdad, justicia y reparación que resuena en nuestros oídos desde aquel 14 de noviembre de 1975.

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